Mala práctica profesional: una ingeniería inversa

30 enero, 2014 de

Ver médicos protestando en las calles es algo que debe impresionar a todos. Y escuchar a un Presidente temiendo una desestabilización (¿otra?), también.

Ya es conocido que el motivo es la redacción del artículo que penaliza la mala práctica profesional. De todas, la profesión médica es la que más probabilidades tiene de ver casos de fallecimientos o lesiones.

Quiero compartir algunos posts sobre la norma relacionada con la mala práctica profesional. El primero muestra cómo llegamos a la redacción finalmente aprobada, pero la mostramos de reversa, mami.

1. Artículos como se publicarán en el Registro Oficial

Art. 144.- Homicidio.- La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Art. 145.- Homicidio culposo.- La persona que por culpa mate a otra, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Con la misma pena será sancionado el funcionario público que, inobservando el deber objetivo de cuidado, haya otorgado permisos, licencias o autorizaciones para la construcción de obras civiles que hubieren perecido, y que como consecuencia de ella se haya ocasionado la muerte de una o más personas.

Art. 146.- Homicidio por mala práctica profesional.- La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

El proceso de habilitación para volvera a ejercer la profesión, luego de cumplida la pena, será determinado por la Ley.

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte se produce por acciones innecesrias, peligrosas e ilegítimas.

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado, debe concurrir lo siguiente:

1. La mera producción del resultado, no configura infracción al deber objetivo de cuidado.

2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión.

3. El resultado dañoso debe provenir directamente de de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas.

4. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho.

Veamos también cómo se publicará el art. 377, sobre muerte ocasionada en un accidente de tránsito:

Art. 377.- Muerte culposa.- La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, suspensión de la licencia de conducir por seis meses una vez cumplida la pena privativa de libertad.

Serán sancionados de tres a cinco años, cuando el resultado dañoso es producto de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, tales como:

1. Exceso de velocidad.

2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo.

3. Llantas lisas y desgastadas.

4. Haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley o malas condiciones físicas de la o el conductor.

5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito.

En caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el accidente preste un servicio público de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles la operadora de transporte y la o el propietario del vehículo, sin perjuicio de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de transporte competente, respecto de la operadora.

La misma multa se impondrá a la o al empleador público o privado que haya exigido o permitido a la o al conductor trabajar en dichas condiciones.

2. Artículos como quedaron en el veto presidencial

El veto presidencial sólo agregó una frase al artículo 145, sobre homicidio culposo:

Con la misma pena será sancionado el funcionario público que, inobservando el deber objetivo de cuidado, haya otorgado permisos, licencias o autorizaciones para la construcción de obras civiles que hubieren perecido, y que como consecuencia de ella se haya ocasionado la muerte de una o más personas.

Antes del veto, el homicidio culposo sólo implicaba responsabilidad (o nexo directo) entre la muerte y quien la ocasiona. Con el veto, la muerte puede ser indirectamente causada, al aprobar un permiso (de construcción, generalmente), de un bien que luego causa ruina. En la ruina del inmueble, fallece una persona.

Mis comentarios:

  • La redacción del veto exige demostrar que el servidor público (no se dice “funcionario”) ha omitido su deber objetivo de cuidado. Habrá que referirse a la descripción del art. 146, para saber qué es deber objetivo de cuidado, pero esa remisión no la hace este artículo: hay que adivinarla.
  • En todo caso, es indispensable remitirse a la descripción del deber objetivo de cuidado, porque de otro modo, el servidor público sería responsable incluso si el inmueble se derrumba por motivos que no tienen relación con haberse aprobado una licencia. Afortunadamente, esto está descrito en el art. 146, num. 3.
  • Si la aprobación de construcción la emite un ciudadano que no es servidor público, no hay delito. En Quito, los permisos de construcción son emitidos por profesionales del Colegio de Arquitectos, una entidad colaboradora del Municipio en estos temas.

En el artículo sobre muertes por accidentes de tránsito, se agregó una redacción también:

“En caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el accidente preste un servicio público de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles la operadora de transporte y la o el propietario del vehículo, sin perjuicio de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de transporte competente, respecto de la operadora.”

3. Artículos como quedaron en el texto que votó la Asamblea

El 17 de diciembre los asambleístas votaron una redacción final presentada por el asambleísta ponente, Mauro Andino. Este texto fue resultado de varias reuniones de las distintas bancadas. Alianza País, por ejemplo, reunión a su bancada por varios días en el Hotel Quito.

Se votó nuevamente el Libro I del Código, porque un asambleísta solicitó reconsideración de la moción que aprobó el 13 de octubre. La reconsideración fue aprobada y por eso se pudo volver a votar ese libro. Los demás libros del Código, sólo fueron votados una vez, el 17 de diciembre.

En esta redacción, los artículos 144, 145 y 146 son exactos al texto finalmente aprobado, pero sin el texto que agregó el veto:

Art. 144.- Homicidio.- La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Art. 145.- Homicidio culposo.- La persona que por culpa mate a otra, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Art. 146.- Homicidio por mala práctica profesional.- La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

El proceso de habilitación para volvera a ejercer la profesión, luego de cumplida la pena, será determinado por la Ley.

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte se produce por acciones innecesrias, peligrosas e ilegítimas.

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado, debe concurrir lo siguiente:

1. La mera producción del resultado, no configura infracción al deber objetivo de cuidado.

2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión.

3. El resultado dañoso debe provenir directamente de de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas.

4. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho.

Mis comentarios a la redacción final son motivo de otro post.

El artículo sobre muerte por accidente de tránsito, se votó así:

Art. 377.- Muerte culposa.- La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, suspensión de la licencia de conducir por seis meses una vez cumplida la pena privativa de libertad.

Serán sancionados de tres a cinco años, cuando el resultado dañoso es producto de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, tales como:

1. Exceso de velocidad.

2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo.

3. Llantas lisas y desgastadas.

4. Haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley o malas condiciones físicas de la o el conductor.

5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito.

En caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el accidente preste un servicio público de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles, la operadora de transporte y la o el propietario del vehículo.

La misma multa se impondrá a la o al empleador público o privado que haya exigido o permitido a la o al conductor trabajar en dichas condiciones.

4. Artículos votados el 13 de octubre de 2013

El 13 de octubre de 2013 se votó el Libro I del Código Orgánico Integral Penal. En ese libro se encuentran todos los delitos y penas descritos, incluyendo el relacionado con mala práctica profesional.

Art. 144.- Homicidio.- La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Art. 145.- Homicidio culposo.- La persona que por culpa mate a otra, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Art. 146.- Homicidio por mala práctica profesional.- La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Además será inhabilitada para el ejercicio de su profsión por un tiempo igual a la mitad de la condena. El proceso de habilitación para volvera a ejercer la profesión, luego de cumplida la pena, será determinado por la Ley.

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado, se tomarán en cuenta protocolos, guías, reglamentos o normas técnicas nacionales o internacionales a cada profesión, si existen, así como las condiciones o circunstancias particulares en que se ejerció o practicó la profesión.

Como se puede ver, entre octubre y diciembre de 2013, se realizaron varios cambios:

  • Hay sólo un tipo penal en el artículo 146: la infracción al deber objetivo de cuidado.
  • Infringir el deber objetivo de cuidado tenía una pena más alta en octubre: para la votación de diciembre fue reducida.
  • No había delito relacionado con “acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas”.
  • No se describía en detalle qué es “infracción al deber objetivo de cuidado”, sino sólo una descripción más breve sobre este concepto.

La norma sobre muertes en accidentes de tránsito se encontraba, en esta versión, en el artículo 371, que tenía un texto bastante diferente al que se votó el 20 de diciembre:

  • La pena de prisión era más alta: de hasta CINCO años.
  • Además de prisión y pérdida de licencia, había multa económica (que para 2014 hubiera equivalido a $6.800,oo).
  • No había delito relacionado con “acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas”, sino que esas acciones eran casos específicos de omisión del deber objetivo de cuidado.
  • No es omisión del deber objetivo de cuidado el manejar fuera de las horas permitidas por el permiso de conducción o la concesión de la frecuencia de transporte.
  • Contenía una sanción administrativa (suspender temporalmente a la empresa o cooperativa operadora) dentro de la norma penal (es decir, quien iba a suspender era el juez penal).
  • La suspensión de la operadora podría ser de hasta 30 días, o de hasta 60 días, según si se leía el último inciso o el antepenúltimo.

Art. 371.- Muerte culposa.- La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, suspensión de la licencia de conducir por seis meses una vez cumplida la pena privativa de libertad y multa de veinte salarios básicos unificados del trabajador en general.

Consisten formas específicas de infracción al deber objetivo de cuidado, las siguientes:

1. Exceso de velocidad.

2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo.

3. Llantas lisas y desgastadas.

4. Cansancio, sueño o malas condiciones físicas de la o el conductor.

5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito.

En caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el accidente preste un servicio público de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles, la operadora de transporte y la o el propietario del vehículo.

Además se retirará el cupo del vehículo accidentado y la operadora será sancionada hasta con treinta días de suspensión de su permiso de operación.

La misma multa se impondrá a la o al empleador público o privado que haya exigido o permitido a la o al conductor trabajar en dichas condiciones.

En caso del transporte público se suspenderá además, la operación de la compañía por el plazo de hasta sesenta días.

5. Artículos en el informe de segundo debate

El 4 de octubre de 2013, la Comisión de Justicia envió un texto para el segundo debate. Hay diferencias entre este informe y el que se votó el 13 de octubre, porque el asambleísta ponente, Mauro Andino, introdujo algunos cambios.

Art. 144.- Homicidio.- La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Art. 145.- Homicidio culposo.- La persona que por culpa mate a otra, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Art. 146.- Homicidio por mala práctica profesional.- La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Además será inhabilitada para el ejercicio de su profesión por un tiempo igual a la mitad de la condena.

Como se puede ver, entre el 4 y el 13 diciembre de 2013, se realizaron varios cambios:

  • La norma penal no incluía una remisión a la ley sobre ejercicio profesional, para describir cómo se puede volver a ejercer la profesión. Sin esta precisión, uno pudiese creer que, tras la sentencia, sería imposible volver a ejercer la profesión.
  • No había ninguna explicación de qué consiste el “deber objetivo de cuidado”.

La norma sobre muertes en accidentes de tránsito se encontraba, en esta versión, en el artículo 381, con la siguiente redacción:

Art. 381.- Muerte culposa.- La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo y multa de veinte salarios básicos unificados del trabajador en general.

Consisten formas específicas de infracción al deber objetivo de cuidado, las siguientes:

1. Exceso de velocidad.

2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo.

3. Llantas lisas y desgastadas.

4. Cansancio, sueño o malas condiciones físicas de la o el conductor.

5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito.

En caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el accidente preste un servicio público de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles, la operadora de transporte y la o el propietario del vehículo.

Además se retirará el cupo del vehículo accidentado y la operadora será sancionada hasta con treinta días de suspensión de su permiso de operación.

La misma multa se impondrá a la o al empleador público o privado que haya exigido o permitido a la o al conductor trabajar en dichas condiciones.

En caso del transporte público se suspenderá además, la operación de la compañía por el plazo de hasta sesenta días.

Es decir, la única diferencia con la versión del 13 de octubre es el tiempo de duración de la suspensión de la licencia profesional de conducir:

  • En la versión el 4 de octubre, la licencia se suspendía por el mismo tiempo de la pena.
  • En la versión del 13 de octubre, la suspensión duraba 6 meses más que el tiempo de prisión, texto que finalmente se verá en el Registro Oficial.

6. Artículos en el informe de primer debate

El 14 de junio de 2012, la Comisión de Justicia, en ese entonces como ahora, presidida por Mauro Andino, presentó un informe de primer debate, con las siguientes redacciones sobre los artículos que analizamos:

Art. 134.- Homicidio.- La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años. La pena será de dos a cinco años si el homicidio fuere culposo.

Art. 135.- Homicidio por mala práctica profesional.- La persona que por culpa, en el desempeño de su profesión, ocasione la muerte de otra persona, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años y la inhabilitación para el ejercicio de su profesión de seis meses a un año.

Cuando se trate del profesional de la salud la pena de inhabilitación será de uno a tres años.

Entonces en el informe para el primer debate, el informe contenía las siguientes normas:

  • La pena por homicidio era mucho más alta: hasta 22 años.
  • La pena por homicidio culposo (no intencional) era de 2 a 5 años. Finalmente se aprobó una pena de 3 a 5 años.
  • La mala práctica profesional siempre era culposa, nunca dolosa. La redacción finalmente aprobada, implícitamente acepta eso, pero no lo dice expresamente.
  • La mala práctica profesional sólo tiene sanción de 3 a 5 años: no existe la opción de 1 a 3 años para “incumplir el deber objetivo de cuidado”.
  • No había ninguna explicación de qué consiste el “deber objetivo de cuidado”.
  • No había delito relacionado con “acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas”.

La norma sobre muertes en accidentes de tránsito se encontraba, en esta versión, en el artículo 376, con la siguiente redacción:

Art. 376.- Muerte verificada por negligencia, impericia, imprudencia.- La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas, y en que se verifique cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Negligencia.

2. Impericia.

3. Imprudencia.

4. Exceso de velocidad.

5. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo.

6. Llantas desgastadas.

7. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito.

Será sancionado con pena privativa de libertad de dos a cinco años, suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo, y multa de veinte salarios básicos unificados del trabajador en general

En caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el accidente preste un servicio público de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles, la operadora de transporte y el propietario del vehículo. En caso de negligencia declarada por la autoridad competente, se retirará el cupo del vehículo accidentado y la operadora será sancionada con hasta treinta días de suspensión de su permiso de operación.

Además se retirará el cupo del vehículo accidentado y la operadora será sancionada hasta con treinta días de suspensión de su permiso de operación.

La misma multa se impondrá a la o al empleador público o privado que haya exigido o permitido a la o al conductor trabajar en dichas condiciones.

En caso del transporte público se suspenderá además, la operación de la compañía por el plazo de hasta sesenta días.

En esta redacción, se puede encontrar varias características que se cambiaron con el tiempo:

  • En lugar de “muerte culposa”, el tipo penal se llamaba “muerte verificada por negligencia, impericia, imprudencia”.
  • El epígrafe sólo enumera 3 de las 7 posibles circunstancias.
  • Antes no era necesario que las llantas estén, además de desgastadas, lisas: bastaba que estén desgastadas.
  • No se sancionaba el Exceso de velocidad.
  • No se sancionaba el Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo.
  • No se sancionaba el Cansancio, sueño o malas condiciones físicas de la o el conductor.
  • La pena era de 2 a 5 años: luego la subieron.
  • No se sancionaba al empleador cuando haya exigido o permitido al conductor trabajar en dichas condiciones.
  • Redacción no equitativa en función de género: asumía que el propietario del bus sólo podía ser varón.

7. Artículos en el proyecto presentado por el Ejecutivo

El 13 de octubre de 2011, la Función Ejecutiva presentó un proyecto de Código Orgánico Integral Penal. De todos los proyectos de ley que la Asamblea consolidó, éste era el único con normas sobre transporte público.

Normas sobre muerte por mala práctica profesional: no había.

Norma sobre muerte en accidente de tránsito era el Art. 427:

Art. 427.- Muerte verificada por negligencia, impericia, imprudencia.- Será sancionado con, pena privativa de libertad de tres a cinco años, supsensión de la licencia de conducir por igual tiempo, y multa de veinte remuneraciones básicas del trabajador privado en general, quien ocasione un accidnete de tránstio del que resulte la muerte de una o más personas, y en que se verifique cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Negligencia.

2. Impericia.

3. Imprudencia.

4. Exceso de velocidad.

5. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo.

6. Llantas desgastadas o

7. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito.

En caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el accidente preste un servicio público de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles, la operadora de transporte y el propietario del vehículo. En caso de negligencia declarada por la autoridad competente, se retirará el cupo del vehículo accidentado y se sancionará a los responsables y a la compañía de conformidad con la Ley.

En el proyecto original, había las siguientes características sobre delito de muerte en accidente de tránsito:

  • La pena no podía ser menor a dos años.
  • En el proyecto la operadora podía ser suspendida, siempre que tal sanción estuviere en la Ley de Tránsito.
  • No había multa para el empleador que obligue al conductor a manejar en circunstancias que causaron el accidente.

8. BONUS: ¿Qué dice la Constitución sobre la mala práctica profesional?

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la eficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore.
Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas.

Como se puede ver, la Constitución exige que se haga responsable al profesional que cause daños. No exige que la responsabilidad sea penal, pero no tendría sentido que muerte no sea un delito penal. (aún la ocasionada por una mala práctica, sin intención ni dolo).

En el siguiente post, explicaré por qué no estoy conforme con la redacción finalmente aprobada.

La influencia de las corporaciones en el funcionamiento de la democracía en USA, de los creadores de la historia de las cosas (The history of Stuff)

5 enero, 2014 de

Originalmente publicado en Erase Una Vez El Mundo Al Revés:

Nos llega este interesante, entretenido y revelador vídeo sobre la desproporcionada influencia de las corporaciones en la política de los USA.

Esta breve y totalmente razonable explicación muestra el poder que tienen las grandes corporaciones, o empresas para influir en la toma de decisiones de los ciudadanos y de esta manera poner en las instituciones del Estado a personas alineadas con sus intereses, básicamente la maximización de beneficios.

Los creadores del vídeo están detrás de una iniciativa para intentar enmendar la sacrosanta e intocable constitución Norteamericana. Objetivo del que deberíamos tomar todos nota, porque la manipulación de los ciudadanos en democracia se da en todos los países, incluido el nuestro.

Bien, lo dejo porque lo mejor es ver el vídeo.

Ha nota, si os interesa conocer, seguir y apoyar el proyecto visitar: http://storyofstuff.org/

Ahora si el vídeo (en Ingles):

Ver original

La verdadera historia de la fundación de Quito

6 diciembre, 2013 de

jota_major:

Comparto un post que explica las tres fundaciones españolas de Quito, en la tierra de los Shyris e Incas

Originalmente publicado en jjalencastro's Blog:

Quito, desde su fundación, no es una ciudad común.
A todos nos enseñan que Quito fue fundada el 6 de diciembre de 1534 por Sebastián de Benalcázar, pero en realidad eso que nos enseñaron a todos es históricamente inexacto. La Carita de Dios no fue fundada una, ni dos, sino tres veces. Quito, desde su fundación, no es una ciudad común.

Sucedió pues que el mismísimo Pizarro envió a Don Diego de Almagro a tomar cuentas de lo hecho por Benalcázar en lo que ahora conocemos como Ecuador, y a pesar de haber existido pequeñas disputas entre ambos, la llegada del adelantado Don Pedro de Alvarado para disputar la conquista, terminó por unirlos.

La primera fundación:
Así, ante la llegada de Alvarado, el 15 de agosto de 1534, Diego de Almagro fundó la ciudad de “Santiago de Quito”, en lo que ahora conocemos como Riobamba, para de esta manera tener…

Ver original 485 palabras más

Pregunta 1

14 abril, 2011 de

Hola! Vuelvo a escribir aquí a los años.

No había escrito sobre la Consulta Popular porque no tenía claro cómo votar. Ahora que ya he escuchado y leído mucho, puedo escribir algo útil. Vamos pregunta por pregunta, porque creo que cada una merece un análisis separado.

PREGUNTA 1

¿Está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando esta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en la administración de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la Función Judicial, como establece el anexo 1?

ANEXO 1

“La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente si por cualquier medio la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad de la ley”.

¿Qué se quiere cambiar?

El artículo 77 de la Constitución describe las garantías básicas que tiene una persona que ha sido puesta en prisión. Por ejemplo, nadie puede ser guardado sin orden escrita de autoridad competente, se le deben “leer sus derechos” al detenido (el típico “usted tiene derecho a guardar silencio, a una llamada, a la defensa con un abogado y si no puede pagarlo, el Estado le proveerá uno” que oímos en las películas), entre otros derechos.

El núm. 9 dice ahorita que ninguna persona puede ser detenida por más de 6 meses (si el delito es castigado con prisión) o más de un año (si el delito es castigado con reclusión, es decir, si el delito es más grave):

TEXTO ACTUAL DE LA NORMA QUE SE PRETENDE CAMBIAR

“Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto.”

No quiero que pensemos en si nos cae mal o bien el gobierno. Más bien preguntémonos objetivamente, el cambio, ¿es útil o no? ¿es peligroso o no?

Utilidad del cambio

La caducidad de la prisión preventiva existe desde 1998, con la Constitución de Sangolquí. Es positivo que la prisión preventiva caduque, porque de lo contrario, una persona podría pasar en prisión todo el tiempo y no ser juzgada. Muchas veces la gente se quedaba (antes de 1998) tanto tiempo en la prisión preventiva que equvialía o superaba el tiempo de la pena misma. En más de una ocasión, gente que pasó guardada por años luego obtenía una sentencia absolutoria. Algunos fueron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijo más de una vez que el Ecuador debe poner un límite a la prisión preventiva (no puede ser “de duración indefinida”).

Está demás decir que en cualquier país que respeta el sistema interamericano de DD.HH., las prisiones preventivas tienen un límite. Por tanto, la idea de “eliminar la caducidad de la prisión preventiva” no es viable.

Pensando en esto, la Asamblea de 1998 puso un límite para la prisión preventiva. El mismo límite fue repetido en la Constitución de 2008. Desde 1999 (que comenzaron a caducar las prisiones preventivas), los detenidos comenzaron a salir por no tener sentencia en el plazo de ley. Desde entonces, muchos detenidos no buscan alegar su inocencia o eliminar las incriminaciones que hace la Fiscalía, sino que buscan alargar y dilatar el trámite hasta que termine el plazo de la prisión preventiva y salir libres.

Según, El Universo, un informe del Consejo de la Judicatura del 2009 indica que de 24.958 audiencias, no se realizaron 6.854: 2.280 por “artificios legales”; 2.299 no especificaron el motivo; 963 por problemas de la Fiscalía; 820 por ausencia de testigos; 321 por inconvenientes de los centros de Rehabilitación; 156 por la función judicial; y, 15 por otros.

Para evitar estas maniobras, el Código de Procedimiento Penal dice que no se computan, para la caducidad, los días de demora cuando fueren provocados por el propio imputado o su abogado:

Código de Procedimiento Penal. Art. 169.- Caducidad de la prisión preventiva.- La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión.

En ambos casos, el plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que se hizo efectivo el auto de prisión preventiva.

Si se excedieren esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto, bajo la responsabilidad del juez de garantías penales que conoce la causa.

Cuando se excedieren los plazos dispuestos por las normas constitucionales y del Código del Procedimiento Penal y se produjere la caducidad de la prisión preventiva, concediéndose, como consecuencia de ello la libertad de quien se halle efectivamente privado de ella, el Juez de garantías penales o Tribunal de Garantías Penales competente, remitirá obligatoriamente e inmediatamente el expediente completo de cada caso al Consejo Nacional de la Judicatura, órgano que llevará un registro individualizado de estos hechos.

Si no pudiera realizarse la audiencia de juzgamiento por inasistencia de los imputados, de los testigos considerados indispensables para la resolución del caso, de los peritos, de los intérpretes o de los abogados defensores de los acusados, es decir por causas no imputables a la administración de justicia, dicha inasistencia suspenderá ipso jure el decurso de los plazos determinados en este artículo hasta la fecha en que efectivamente se realice la audiencia de juzgamiento. Lo anterior sin perjuicio de la necesaria constancia procesal respecto de la suspensión en cada expediente por parte del respectivo secretario.

No se considerará, por consiguiente, que ha excedido el plazo de caducidad de prisión preventiva cuando el imputado, por cualquier medio, ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar la caducidad de la prisión preventiva.

Lo señalado en los incisos precedentes comprende las actuaciones unilaterales del imputado o acusado cuando, con deslealtad procesal provoquen incidentes o dilaciones al trámite del proceso que no correspondan al derecho de impugnación a una resolución o sentencia, o incumplan en forma deliberada las disposiciones del Juez de garantías penales o Tribunal de Garantías Penales para que se presenten a las audiencias legalmente convocadas y notificadas, evidenciando la intención de retardar el desarrollo normal del proceso para beneficiarse de una futura declaratoria de caducidad.

Para la determinación de dicho plazo tampoco se computará el tiempo que haya transcurrido entre la fecha de interposición de las recusaciones y la fecha de expedición de los fallos sobre las recusaciones demandadas, exclusivamente cuando éstas hayan sido negadas.

Producida la caducidad de la prisión preventiva, en la misma providencia que la declare el juez de garantías penales dispondrá que el procesado quede sujeto a la obligación de presentarse periódicamente ante el juez de garantías penales y la prohibición de ausentarse del país, o una sola de estas medidas si la estimare suficiente, para garantizar la inmediación del procesado con el proceso.

La pregunta obvia es: si ya la ley dice que los plazos no corren cuando el acusado demora el juicio, ¿para qué repetir lo mismo en la Constitución? Bueno, pues ocurre que muchos jueces comparaban el texto de la Constitución y el del Código de Procedimiento Penal y, como en la Constitución no establecía casos en que el plazo no decurre, aplicaban la norma “más favorable al reo”, y dejaban salir al imputado en un año (o seis meses), aún a pesar de que el propio imputado había demorado el trámite.

Es llamativo que en Cuenca, los jueces no han dejado caducar nunca una prisión preventiva (o de pronto habrá caducado una o dos), pero en otras ciudades, lo más común es prisiones que caducan y lo menos común son sentencias. ¿Por qué ocurre esto? Hay muchas razones, pero la principal es que los jueces que dejan caducar prisiones preventivas no corren ningún riesgo: nadie los sanciona y en los pocos casos en que hay sanción, es una pequeña multa o días de suspensión de labores (con sueldo!). Tal vez el Consejo de la Judicatura en Cuenca pone sanciones más severas o tal vez la sociedad morlaca sancionaría moralmente al juez que sea negligente en su trabajo. La pregunta vuelve más severa la sanción para los jueces que dejan caducar una prisión preventiva.

Peligrosidad del cambio

Se ha dicho que la reforma tiene espíritu “socialcristiano”. En realidad, el PSC siempre ha estado en contra de la caducidad de la prisión preventiva. De hecho, tras la Asamblea de 1998, el PSC impulsó una reforma legal en 2003 que creaba una figura llamada “detención en firme”, por la cual un imputado permanecía preso de manera indefinida aún antes de obtener sentencia. Este mecanismo fue declarado inconstitucional en 2006, porque violaba la Constitución de 1998, pero Cinthya Viteri propuso en 2009 una figura similar, la “detención obligada”, que básicamente pretendía que un imputado quede preso indefinidamente hasta que haya sentencia.

Se ha argumentado que con esta reforma, los detenidos van a quedarse detenidos indefinidamente o, al menos, que el plazo de caducidad será más largo, lo cual perjudica los derechos de protección del imputado.

Considero que el único imputado que se perjudicará será aquel que en efecto demore el proceso con maniobras. Es correcto quitar el incentivo a demorar el juicio. Por eso voto Si.

¿Cómo votarás tú EN ESTA PREGUNTA?

Para leer más:
Texto de Diario El Comercio que explica la pregunta.
Historia de la prisión preventiva desde 1998 (y las propuestas de Cynthia Viteri para volver indefinida la prisión preventiva).
Otro blog que analiza esta pregunta.

Consulta

26 noviembre, 2010 de

Solo lo puse porque se ve bacán

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